Acercando la Justicia a la ciudadanía

Miles de familias vascas están perdiendo sus casas. No pueden afrontar el pago de la hipoteca y los bancos finalmente se están quedando con lo que hasta ese momento había sido su hogar.

Según datos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, el número de desahucios en Euskadi se ha duplicado en los últimos cuatro años. Para acabar con esta lacra motivada por la crisis el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar. En palabras de la consejera Idoia Mendia, se trata de un “salvavidas de seguridad para las personas en riesgo de sufrir un desahucio”.

Asesoramiento, mediación y desahucios

Tres son las medidas sobre las que se centra el plan puesto en marcha por el Gobierno Vasco:

Asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca. A través de Kontsumobide, la ciudadanía podrá recibir todo tipo de información sobre sus derechos y las precauciones que debe adoptar antes de contratar una hipoteca.

El asesoramiento consistirá en dos fases: primero, se evalúa la situación de cada persona antes de contratar el préstamo y, después, se proponen pautas de actuación para que esa persona nunca pierda el control sobre la que posiblemente vaya a ser la mayor inversión de su vida, la compra de una vivienda. En definitiva, se trata  de asesorar a las personas para que contraten la hipoteca que mejor se adecúe a sus circunstancias.

Si estás interesado en recibir asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca ponte en contacto con Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo (www.kontsumobide.net).

Mediación entre el banco y las familias sobreendeudadas. Consiste en un servicio gratuito del Departamento de Justicia para las personas que no puedan hacer frente a su préstamo hipotecario, siempre que éste no supere los 350.000 euros. El objetivo es mediar para tratar de liquidar la deuda en las mejores condiciones posibles. Para ello, una comisión de expertos se encarga de estudiar tu capacidad económica, hablar con la entidad financiera y ofrecerte atención social.

Para acceder a este servicio es imprescindible solicitar cita previa a través de los siguientes teléfonos: Araba, 945 25 02 09 / Gipuzkoa, 943 01 14 96 / Bizkaia, 946 61 32 10 (en el mes de agosto, la atención telefónica es en el 945 01 90 91).

Posibilidad de acceder a una vivienda de protección social  en régimen de alquiler para quienes tras el desahucio estén en riesgo de exclusión social. Y ¿cuándo se considera que uno está en “riesgo de exclusión social”? Pues cuando los informes elaborados por los servicios sociales así lo certifiquen. La vivienda que se entregue en alquiler se encontrará en el ámbito de la familia desahuciada y pagarán por ella en función de su renta. Además, el Gobierno Vasco ofrece un sistema de compra de viviendas de protección hipotecadas para liberar a las personas desahuciadas de la deuda contraída con el banco. De este modo, se pretende que las entidades financieras vuelvan a facilitar créditos para la compra de una VPO puesto que será el propio Gobierno Vasco quien se encargue de asumir el riesgo de morosidad del mercado hipotecario.

• Para más información sobre horarios de atención al público, datos de contacto o documentación que debes presentar para acceder a esta ayuda consulta el folleto del Gobierno Vasco sobre el Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar.
• Zuzenean, servicio de atención ciudadana. Teléfono 012

La Justicia necesita una gran reforma. Eso es lo que debe pensar Alberto Ruiz-Gallardón, puesto que desde su entrada en el Ministerio de Justicia hace apenas 5 meses, son ya muchos los cambios anunciados. Copago en Justicia, Ley del Aborto, Ley del Menor, celebración de matrimonios por parte de los notarios, habilitar el mes de agosto para la celebración de juicios, instauración de la cadena perpetua… son algunas de las medidas anunciadas desde que se puso al frente del Ministerio de Justicia en diciembre de 2011.

Esta misma semana, se ha vuelto  a hablar de cambios. Estas son las nuevas propuestas de Gallardón y los matices a otras reformas que ya anunció hace meses:

Prisión permanente revisable. Se aplicará “exclusivamente” a los delitos de terrorismo y no a los de agresión sexual contra menores. Esta medida está vigente en países como Francia, Reino Unido  y Dinamarca y, en principio, su finalidad es la reinserción social. Sobre este tema, Gallardón lo tiene claro: “es un mecanismo excepcional que solamente debe ser aplicado en aquellos casos en que la sociedad considera que no hay años bastantes, si no se produce la reinserción social, para que una persona recupere la libertad”. Por eso, ha decido que esta medida sólo se aplicará a los delitos de terrorismo, porque sólo en su caso “se puede acreditar si efectivamente ha habido una decisión firme de abandono de esa actividad terrorista”.

Delitos de agresión sexual contra menores. Este tipo de delitos verán sus penas endurecidas en la reforma del Código Penal que se remitirá al Congreso antes del verano, y que comenzará su tramitación parlamentaria en otoño. 

Derecho de Manifestación. El titular de Justicia ha asegurado que “el Gobierno jamás se va a alejar de la defensa de un derecho constitucional como es el de manifestación”. Ha negado que se esté estudiando “limitar en modo alguno este derecho” y ha asegurado que de lo que se está hablando “no es del ejercicio del derecho de manifestación, sino de un auténtico atentado callejero, que es lo que nosotros queremos en estos momentos modificar”.

Cambios en la Ley del Jurado. Se modificará la Ley del Jurado para contribuir a corregir algunos defectos de funcionamiento.

Plazas de jueces y fiscales. Esta medida ha sido ampliamente rechazada por los colectivos de jueces y fiscales, aún así, Gallardón se reafirma en su decisión aunque ya ha dicho que lamenta que este año no vayan a convocarse plazas de jueces y fiscales. Dice que esta decisión la ha tomado “con todo el dolor de corazón” como consecuencia de la gravedad de la crisis económica que padecemos.

Por el momento, sólo se van a librar de pagar las tasas judiciales aquellas personas a las que se les ha concedido la asistencia jurídica gratuita. De hecho, uno de los objetivos del copago es precisamente financiar este servicio de justicia gratuita. Además, las tasas judiciales también persiguen acabar con el colapso de los juzgados y frenar la mala utilización de la Justicia.

Estas tasas existen en España para las empresas desde 2002. Ahora, aumenta la cuantía de las mismas y se extienden también a los ciudadanos que quieran presentar una demanda en primera instancia o un recurso en segunda. Con las nuevas tasas, por ejemplo, recurrir un expediente de regulación de empleo costará 500 euros y poner una demanda mediante un proceso monitorio pasará a costar 100 euros (antes costaba la mitad).

A través de estas tasas judiciales el Gobierno pretende recaudar cerca de 300 millones de euros, frente a los 172 millones obtenidos en 2010.

Así quedan las nuevas tasas judiciales:

La crisis económica ha llevado al límite a miles de familias que además de quedarse sin trabajo, tienen que ver cómo pierden sus casas y encima mantienen la deuda con el banco.

¿Y cómo es posible que se llegue a esta situación? Pues porque hubo una época de esplendor en la que comprar una casa por encima de tus posibilidades era muy sencillo y, aunque los precios estaban exageradamente inflados, los bancos te daban todas las facilidades que querías para acceder a esas casas a cambio de hipotecas interminables.

El resultado es que tras la crisis, miles de familias se han quedado en paro, no han podido hacer frente al pago de sus hipotecas y han perdido su casa, pero además mantienen una deuda millonaria con el banco porque los precios de sus pisos han caído en picado.

Para acabar con este drama, el Gobierno estudiar llevar a cabo una serie de reformas y establecer un Código de Buenas Prácticas al que se podrán adherir de manera voluntaria las entidades financieras. De momento, son ya varios los bancos y cajas que han aceptado el Código (Banco Santander, Bankinter, Banco Sabadell y Catalunya Caixa han sido los primeros), eso sí, a cambio de ventajas fiscales.

Una de las principales características de este Código de Buenas Prácticas es la posibilidad de que las familias puedan saldar su deuda con la entrega de su piso al banco, lo que se conoce como dación en pago. Además, los afectados podrán retrasar el desalojo de su vivienda hasta dos años mediante el pago de un alquiler social.

El Gobierno establece que para acogerse a esta práctica deben darse las siguientes circunstancias:

• La cuota hipotecaria debe ser mayor del 60% de los ingresos de la unidad familiar.
• Todos los miembros de la familia deben estar en paro.
• La vivienda tiene que ser la primera y única que posee la familia.
• El valor del piso no debe superar:
  1. Los 200.000 euros en poblaciones de más de un millón de habitantes.
  2. Los 180.000 euros en poblaciones de más de 500.000 habitantes.
  3. Los 150.000 euros en poblaciones de más de 100.000 habitantes.
  4. Los 120.000 euros en municipios con menor población.

Según estos criterios, en el País Vasco sólo podrán acogerse a esta medida las familias cuya vivienda no supere los 150.000 euros. Y es que en Euskadi no hay poblaciones de más de un millón de habitantes ni de medio millón. Pero es que además, dentro de la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes sólo se encuentran las tres capitales vascas y Barakaldo, por lo que las posibilidades de acogerse a la dación en pago en esta comunidad son bastante reducidas.

Según la portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Euskadi, Marta Uriarte, el Código de Buenas Prácticas sólo beneficiará al 1% de los afectados si tenemos en cuenta que el precio medio de los pisos en el País Vasco ronda los 300.000. Marta Uriarte considera que estos ratios deben adaptarse a la realidad de cada territorio, porque el precio del ladrillo no es igual aquí que en Galicia o Extremadura.

La Ley de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales obliga a los licenciados a realizar un máster de práctica jurídica para poder colegiarse. Esta Ley, aprobada en 2006, afecta a todos los que no hayan conseguido la licenciatura antes de octubre de 2011.

Pero esta ley, también tiene sus “peros”. Y el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha cedido a la demanda de los estudiantes. De modo que finalmente habrá cuatro excepciones al master:

1. Todos aquellos que se matricularon antes de que se aprobara la ley en octubre de 2006 no tendrán que realizar el postgrado si en un plazo de dos años, una vez finalizada la carrera, proceden a colegiarse.
2. Quienes se matricularon en la licenciatura de Derecho después de 2006 quedarán exentos de la parte teórica del postgrado. Sólo será necesario que cumplan con la parte práctica.
3. Aquellos estudiantes que solicitaron la homologación de un título extranjero antes de que entrara en vigor la ley quedarán exentos siempre y cuando se colegien en un plazo máximo de dos años desde que obtengan la homologación.
4. Tampoco se exigirá el título profesional a los estudiantes que obtuvieron su licenciatura antes de la ley de 2006 pero tendrán que colegiarse en un plazo de dos años.

Consulta la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.