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Actualidad normativa

Divorcio de mutuo acuerdo ante notario

Pareja

El pasado 23 de julio entró en vigor la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, que contiene muchas novedades. Una de ellas es la posibilidad de que los cónyuges puedan divorciarse de mutuo acuerdo (o separarse) acudiendo al notario a otorgar una escritura pública, siempre y cuando sea un divorcio de mutuo acuerdo, y no existan hijos menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente. También puede otorgarse el consentimiento ante los secretarios judiciales.

En esta escritura pública se recogerá una declaración de los cónyuges de su voluntad de divorciarse y el convenio regulador del divorcio.

Hay posibilidad de elegir notario: se puede acudir a cualquier notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

Han de acudir los dos, a la vez, a firmar la escritura, y deben estar asistidos por letrado en ejercicio. En constancia de su presencia y asesoramiento legal, el o los letrados firmarán también la escritura.

Respecto al convenio regulador, se incorpora para los notarios una obligación que se aleja de lo que ha sido el tradicional ámbito de actuación del notario: la valoración del convenio. Cuando los cónyuges formalicen los acuerdos ante el secretario judicial o notario, si éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo tendrán que advertir a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.

En este caso, se nos plantea una duda: ¿qué ocurre si un notario deniega el divorcio a los cónyuges y estos acuden a otro que considere que no existe daño para formalizarlo y sin que, por tanto, el juez llegue a conocer el contenido del convenio? Es una pregunta que, de momento, queda en el aire.

Si hay hijos mayores de edad o emancipados, deberán prestar el consentimiento “respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.” (art 82 CC). Este consentimiento es esencial, si no se presta no hay aprobación de convenio ni tampoco divorcio. Por ello, deberán estar presentes en el momento de otorgar la escritura, aunque la ley no exige su presencia personal, de modo que podrían estar representados por apoderado.

Una vez firmada la escritura, el nuevo art. 61 de la Ley del Registro Civil establece que se remitirá por medios electrónicos al Registro Civil. Dado que no existen aún esos medios por parte de los registros, se enviará por el momento una copia autorizada en papel.

Publicado el 27 de julio de 2015. Leer más de:   Actualidad normativa. ¡Añade un comentario!.

Las claves de la reforma del Código Penal

Las claves de la reforma del Código Penal

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal.

El texto fue aprobado por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo y supone una completa revisión y actualización de la norma.

Estas son algunas de las principales novedades que contempla la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal:

  • Prisión permanente revisable: La nueva pena de prisión permanente revisable que incorpora esta reforma podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad: asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. En estos casos estará justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión.
  • Ejecución de la pena: La reforma incorpora una revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad y facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión. Con esta misma finalidad, se modifica el régimen de valoración del cumplimiento de la responsabilidad civil; y se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. La nueva regulación mantiene, sin modificaciones, los supuestos de concesión de libertad condicional de la legislación anterior. Se introducen, sin embargo, un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen su primera condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión.
  • Regulación del decomiso: Se introducen modificaciones para facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. Se extiende a supuestos en los que es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos. El decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas, siempre que existan indicios objetivos fundados de la procedencia ilícita de los efectos decomisados.
  • Edad de consentimiento sexual: Se eleva la edad del consentimiento sexual a los 16 años. De acuerdo con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, se determina que la realización de actos de carácter sexual con menores de 16 años será considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. Por otro lado, en los delitos contra la prostitución, se establece una separación más nítida entre los comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En este segundo caso, se elevan las penas previstas con el fin de armonizar las legislaciones europeas, y se introducen nuevas agravantes para combatir los supuestos más lesivos de prostitución infantil.
  • Delitos contra el patrimonio: La revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio busca ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave. Con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. Los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban como falta, se regulan ahora como delitos leves; pero se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación, en particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio.
  • Delitos contra la propiedad intelectual: Otro de los aspectos más novedosos de esta reforma, es la regulación de los delitos contra la propiedad intelectual, a fin de ofrecer una adecuada protección jurídico-penal, aunque sin olvidar que la Ley de Propiedad Intelectual es el instrumento de protección natural en esta materia. En segundo lugar, a la conducta típica actual consistente en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, se añade, para reforzar así la protección que se quiere brindar, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose, además, el elemento subjetivo ánimo de lucro por el de ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con el que se pretende abarcar conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio indirecto.
  • Cancelación de antecedentes e indulto: Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir en seis  meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco para las iguales o superiores a tres años; y diez para las graves. En cuanto al indulto, se añade una disposición adicional a la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto para establecer que el Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la concesión y denegación de indultos.
Publicado el 6 de julio de 2015. Leer más de:   Actualidad normativa. ¡Añade un comentario!.